El nuevo festivo del 9 de julio enfrenta una incertidumbre jurídica tras la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. La fecha, que busca conmemorar el Día de la Virgen de Chiquinquirá, fue establecida mediante la Ley 2578 de 2026, luego de ser aprobada por el Congreso y sancionada por el Gobierno nacional.
Rodrigo Ospina Ortiz radicó un recurso contra el artículo 6 de la mencionada ley, argumentando que la norma vulnera principios fundamentales de la Constitución Política de 1991. Los puntos centrales del debate jurídico se dividen en tres ejes
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- Ruptura del Estado laico: El demandante sostiene que el Congreso incumplió su deber de neutralidad religiosa al establecer un descanso obligatorio nacional para honrar exclusivamente a una figura del credo católico.
- Falta de análisis de impacto fiscal: Alega que la ley se tramitó sin un estudio técnico previo ni el aval del Ministerio de Hacienda, requisito exigido por la Ley 819 de 2003 para normas que generen gastos o afecten el presupuesto público.
- Afectación a la libertad económica: El recurso advierte que la imposición de un nuevo día no laborable altera drásticamente la planeación de turnos, la producción y los costos de nómina de las empresas privadas.
Cabe recordar que la Ley 2578 de 2026 fue concebida no sólo como un homenaje religioso, sino también como un reconocimiento a los 440 años de la fundación de Chiquinquirá y a los 216 años de su constitución como villa republicana.
¿Ya no será festivo este 9 de julio?
Aunque la norma enfrenta un proceso de revisión judicial, el nuevo festivo permanece vigente mientras la Corte Constitucional adopta una decisión de fondo. Por ello, y conforme a lo establecido en la Ley Emiliani, la celebración correspondiente al 9 de julio se trasladará en 2026 al lunes 13 de julio.
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El caso se encuentra actualmente en la Secretaría de la Corte Constitucional a la espera de ser asignado a un magistrado ponente, quien decidirá si la demanda cumple con todos los requisitos para un estudio de fondo.
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De ser aceptada y prosperar, los efectos de la nulidad podrían aplicarse para el próximo año, dejando intacto el calendario de 2026, aunque esto dependerá de los tiempos y la decisión final del alto tribunal.
Por ahora, los trabajadores mantienen su derecho al descanso remunerado y las empresas deben incluir esta fecha en su programación operativa.
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