Después de que se hicieran públicos los detalles del secuestro de Lyan Hortúa y la presunta vinculación de su familia con el narcotráfico, Angie Bonilla, madre del menor, decidió tomar una drástica medida, privatizó sus redes sociales y eliminó todas las publicaciones visibles.
Esta decisión surge en medio del creciente escrutinio público y el temor por la seguridad de su familia, luego del escándalo nacional que ha generado este sonado caso de Lyan Hortúa.
Lyan, un niño de 11 años, fue secuestrado el pasado 3 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca, por hombres armados que irrumpieron en su hogar. Permaneció cautivo durante 18 días hasta que fue entregado a la Defensoría del Pueblo el 21 de mayo.
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Aunque inicialmente se informó que el menor fue liberado sin condiciones, nuevas investigaciones revelaron que la familia habría pagado una elevada suma de dinero para lograr su regreso.
La publicación de detalles inéditos por parte de la revista Semana, que relacionan a la madre del niño con una deuda cercana a los 37.000 millones de pesos y posibles nexos con el narcotraficante extraditado ‘Diego Rastrojo’, provocó una fuerte oleada de comentarios y críticas en redes sociales.
En respuesta, Angie Bonilla optó por desaparecer del ojo público digital, privatizó su cuenta de Instagram y eliminó cualquier rastro de su vida privada que pudiera alimentar las especulaciones o poner en riesgo a su familia.
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A esta decisión se suma el hermetismo total sobre el paradero de la familia. Según informes periodísticos, ni Angie, ni su pareja Jorsuar Suárez, con quien tuvo una boda soñada,ni sus hijos, entre ellos Lyan, asistieron al funeral de Antonio Cuadros, el hombre que sirvió como intermediario en la negociación para la liberación del menor y a quien ultimaron al siguiente día de la liberación.
La ausencia de los protagonistas del caso en este acto fúnebre ha alimentado rumores sobre una posible salida del país, o al menos un desplazamiento forzado fuera del Valle del Cauca por motivos de seguridad.
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Las autoridades no han dado información oficial sobre su ubicación actual, y todo indica que por razones de protección a los menores, los detalles permanecerán bajo reserva.
No obstante, los cuestionamientos en torno a la familia siguen creciendo, especialmente luego de que se conociera que la negociación con las disidencias de las Farc fue realizada sin notificar a las autoridades.
El episodio ha generado un profundo impacto a nivel nacional, no solo por la crudeza del secuestro, sino también por el trasfondo de lujos y presuntas deudas millonarias que rodean a los familiares del niño.
La forma en la que la familia manejó el caso, sumado al estilo de vida exhibido previamente en redes, ha generado indignación en amplios sectores de la opinión pública.
Mientras la justicia avanza en las investigaciones, la decisión de Angie Bonilla de ocultar su presencia en redes sociales refleja el intento por mantenerse al margen del escrutinio, proteger a sus hijos y evitar que nuevos datos personales salgan a la luz.
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