La convivencia en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal exige equilibrar derechos y deberes entre los copropietarios.
Bajo este sistema, se reconocen derechos de propiedad exclusiva sobre unidades privadas y derechos de copropiedad sobre las áreas comunes, según lo dispuesto por la normativa vigente.
De acuerdo con la ley que regula la propiedad horizontal, uno de sus objetivos principales es garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, enmarcándose en principios orientadores como la función social y ecológica de la propiedad, la solidaridad social y el respeto por la dignidad humana.
Esto incluye medidas que fomenten relaciones armónicas entre los copropietarios.
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¿Se puede prohibir el ruido en zonas comunes de los conjuntos residenciales?
Una de las principales problemáticas que enfrentan las comunidades en propiedad horizontal es el ruido excesivo.
Este no solo afecta la tranquilidad de los residentes, sino que también puede vulnerar los derechos de grupos específicamente protegidos, como personas mayores, enfermos o quienes necesitan descansar tras jornadas laborales. Por ello, la regulación de normas de silencio es una herramienta clave para la convivencia.
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En zonas residenciales, los niveles máximos de ruido permitidos por la normativa son de 65 decibeles durante el día y 55 decibeles por la noche. Estos niveles equivalen al ruido normal de una casa, como conversaciones en tono moderado o el funcionamiento de electrodomésticos.
Superar estos límites podría representar una infracción que amerita intervención.
¿Qué pasa si no cumples las normas de ruido en un conjunto residencial?
Si bien las administraciones de las copropiedades tienen el deber de establecer y hacer cumplir reglamentos que promuevan el respeto mutuo, también es posible recurrir a acciones legales en caso de que las normas no sean suficientes o no se apliquen correctamente. Por ejemplo:
- Intervención policial: Ante una situación de ruido excesivo dentro de unidades privadas, los afectados pueden llamar a la Policía, que está facultada para invitar a los responsables a moderar su comportamiento.
- Acciones judiciales: Si la situación persiste y afecta el uso y goce de la propiedad, se pueden emprender acciones judiciales, como una acción de tutela, para proteger los derechos vulnerados.
- Sanciones internas: Los reglamentos de propiedad horizontal pueden incluir sanciones por incumplimiento de las normas, siempre que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa.
La implementación de normas de silencio no es solo una cuestión de reglamentación, sino también un reflejo de la solidaridad y el respeto entre los miembros de una comunidad.
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Los reglamentos deben propender a generar un entorno donde se reconozcan las necesidades de todos los residentes, promoviendo relaciones pacíficas y cooperativas.
El respeto por el bienestar colectivo no es solo una obligación legal, sino una muestra de empatía y conciencia comunitaria. Garantizar la tranquilidad de las zonas comunes y el cumplimiento de horarios de silencio es un paso esencial para construir espacios de convivencia armónica.
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