El escándalo reciente de la filtración de videos que involucra a Isabella Ladera y Beéle volvió a poner en el centro del debate una problemática que Amaranta Hank denunció con vehemencia durante años: la vulneración de la intimidad digital y la urgencia de una legislación efectiva.
En una entrevista en El Klub de La Kalle, Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, abordó el caso para subrayar una premisa fundamental: si hay consentimiento mutuo para grabarse – ya sea por "fetiche" o "fantasía" – las personas tienen todo el derecho de hacerlo.
El problema, y donde radica la violación a los derechos, es la "publicación de ese contenido sin autorización de la otra persona", una práctica que "abunda en la internet" y que se conoce como "pornovenganza".
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Amaranta describió la "pornovenganza" como un fenómeno "altísima" en las páginas, perpetrado predominantemente por "hombres que publican contenido de mujeres o fotografías", a menudo "novios ardidos". Sin embargo, la amenaza ha evolucionado de forma preocupante.
Ahora existe una "nueva versión de ese pornovenganza" que utiliza la inteligencia artificial para "crear imágenes o videos" donde se coloca la cara de una persona en un cuerpo diferente y se distribuye "en la internet" sin permiso.
Esta manipulación digital, capaz de generar material falso pero devastadoramente dañino, expone una grave laguna legal: "son cosas gravísimas que ocurren pero pues que no hay leyes que controlen exactamente eso que está pasando".
La exactriz evocó precedentes para ilustrar el impacto real de estas filtraciones. Recordó que hacia 2017, muchas "modelos" que ingresaban a estudios con la creencia errónea de que su contenido "nunca iba a estar en la internet", se enfrentaban a la dura realidad de que "exnovios resentidos", familiares o vecinos "grababan pantalla y filtraban esos videos".
Estos eran distribuidos "entre las familias, entre los vecinos, entre si eran mamás llevaban los videos a los colegios donde estaban estudiando los niños".
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El argumento central de Amaranta es que las personas de esta industria, simplemente por mostrar su cuerpo o participar en contenido explícito, no tienen "menos derechos que el otro". Al contrario, insiste en que son "personas con derechos al igual que todos" y, crucialmente, "estamos aportando un montón al PIB del país, a la economía popular".
Destaca que muchas de estas mujeres son "madre cabeza de familia" y "cuidadoras", una característica "muy común de la industria". Explica que a menudo no pueden acceder a "trabajos muy formales de 8 a 6 de oficina" debido a responsabilidades de cuidado, como "niños con autismo", "niños con alguna situación de discapacidad" o "padres muy mayores".
Por ello, se adaptan a modalidades como el modelaje webcam desde casa, "encendiendo su cámara web" y trabajando desde su habitación, lo que les permite cuidar a sus familias y generar ingresos.
Como precandidata del Polo Democrático para la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, su principal iniciativa si llegara al Senado sería "regular todo el trabajo sexual".
Esto implicaría un control estatal sobre estudios de modelaje —muchos registrados engañosamente como "call centers" o "centros de soluciones estratégicas digitales"— y la exigencia de un "contrato laboral" en lugar del "contrato comercial". La ausencia de un contrato laboral permite a los estudios "lavarse las manos" ante explotaciones, y el Ministerio del Trabajo se declara sin "competencias" para intervenir.
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