El caso que conmocionó a la capital del país continúa sin resolverse, tras más de seis meses desde que Darwin Felipe Beltrán acabó con la vida de sus dos pequeños hijos, de apenas 4 y 7 años, en el barrio Las Ferias de Bogotá.
Aunque fue capturado en flagrancia y aceptó inicialmente su responsabilidad,durante la audiencia preparatoria del juicio cambió su versión de los hechos, causando dolor e indignación en la familia de las víctimas.
El proceso legal contra Beltrán ha estado marcado por aplazamientos y nuevas declaraciones que han complicado aún más el camino hacia la justicia.
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En esta última diligencia, el acusado aseguró que en el momento de lo ocurrido “no sabía lo que estaba haciendo”. Este nuevo argumento sorprendió a los asistentes, especialmente a la madre de los niños, Jenny Paola Ramírez, quien expresó su frustración por lo que considera una estrategia dilatoria por parte del procesado.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que Beltrán actuó impulsado por los celos, tras observar a su parejacaminando acompañada hacia su hogar.
Según el ente acusador, el hombre ingresó de forma agresiva a la vivienda y atacó a los niños en un acto que la Fiscalía calificó como agravado por haber sido cometido contra personas en estado de indefensión.
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El hecho ocurrió el pasado 28 de octubre de 2024, cuando vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos provenientes de una casa de dos pisos.
Al llegar, los uniformados hallaron a los menores sin signos vitales y capturaron a Beltrán en el lugar. Desde entonces, permanece privado de la libertad mientras se adelanta el juicio en su contra.
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Miguel Ruiz, abogado de la madre de los menores, rechazó el argumento dado por Beltrán en la reciente audiencia, señalando que con ello pretende obtener un beneficio legal alegando inimputabilidad, es decir, que no tenía la capacidad de comprender sus actos.
“Nos sorprende que, luego de todo este tiempo y desde su reclusión, siga sin asumir su responsabilidad y continúe revictimizando a la madre”, afirmó el jurista.
En Colombia, el Código Penal establece que una persona inimputable puede ser trasladada a instituciones psiquiátricas o entornos especiales si se comprueba que no comprendía su conducta debido a trastornos mentales, inmadurez psicológica o factores culturales.
No obstante, la familia de las víctimas insiste en que esta estrategia busca evadir una condena proporcional a la gravedad de los hechos.
Jenny Paola Ramírez solicitó a las autoridades avanzar con mayor celeridad en el proceso y garantizar una sanción ejemplar. Para ella y su entorno, lo ocurrido no puede quedar impune ni empañado por interpretaciones que, aseguran, buscan eludir la responsabilidad
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