El salario mínimo en Colombia volvió a convertirse en tema central, pero esta vez no por el monto del aumento ni por las negociaciones de fin de año. Una demanda judicial encendió la discusión al poner en duda si el presidente Gustavo Petro tiene la facultad legal para modificar los criterios con los que se define el ajuste salarial anual.
El debate no se concentra en cuánto debe ganar un trabajador, sino en cómo se toman las decisiones que llevan a fijar esa cifra. Según la acción judicial, los parámetros actuales no pueden ser alterados de manera unilateral por el Ejecutivo, ya que están respaldados por normas legales y constitucionales que establecen un procedimiento específico.
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La controversia se trasladó así del escenario político y económico a los tribunales, abriendo un nuevo capítulo en una discusión que toca de manera directa a millones de trabajadores, empleadores y al funcionamiento general de la economía colombiana.
¿Qué cuestiona la demanda sobre el salario mínimo?
El eje central de la demanda apunta a los criterios utilizados para fijar el salario mínimo. Los demandantes sostienen que el presidente no tendría competencia para modificar esas reglas, pues estas están claramente definidas en la ley, especialmente en la Ley 278 de 1996.
Aunque el salario mínimo suele discutirse desde el impacto en el bolsillo de los colombianos, esta demanda plantea un asunto de mayor alcance: los límites del poder presidencial. El cuestionamiento no va dirigido a una persona en particular, sino al alcance real de las decisiones del Ejecutivo dentro del marco legal vigente.
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Expertos señalan que este tipo de discusiones son clave porque definen cómo se toman decisiones en temas sensibles y qué tan sólidos son los mecanismos institucionales que las respaldan. El salario mínimo no solo influye en los ingresos de los trabajadores, sino también en costos empresariales, contratación y dinámica económica.
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¿Qué tan viable es que tumben las decisiones sobre el salario mínimo?
La viabilidad de que una decisión del Ejecutivo sobre el salario mínimo sea tumbada por vía judicial depende, principalmente, de si se demuestra que el Gobierno se apartó de los parámetros legales vigentes. En Colombia, la fijación del salario mínimo no es una facultad discrecional absoluta del presidente, sino un proceso regulado por la ley, con etapas y criterios claramente definidos.
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Si en el análisis del caso los jueces concluyen que el Ejecutivo modificó o desconoció los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, o que pasó por alto el papel de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la demanda podría prosperar. En ese escenario, no se trataría de cuestionar el monto del salario mínimo como tal, sino la forma en que se tomó la decisión.
No obstante, este tipo de demandas suelen enfrentar un estándar probatorio alto. El Gobierno puede argumentar que actuó dentro del marco legal, que respetó los espacios de concertación o que sus decisiones se apoyaron en variables técnicas permitidas por la normativa vigente. Esto reduce la probabilidad de que una decisión ya adoptada sea anulada de manera inmediata.
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