La Ley de Insolvencia para personas naturales en Colombia tendrá un impacto decisivo en 2026, luego de los cambios introducidos por la Ley 2445 de 2025.
Esta reforma amplió el alcance del mecanismo legal que permite renegociar deudas cuando una persona ya no puede cumplir con sus obligaciones, abriendo la puerta a sectores que antes estaban excluidos del proceso.
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Durante años, pensionados, trabajadores con descuentos automáticos y pequeños comerciantes enfrentaron cobros permanentes sin una herramienta jurídica clara para reorganizar su situación financiera. Con la nueva normativa, estas personas podrán solicitar formalmente un proceso de insolvencia que les permita negociar con sus acreedores bajo supervisión legal y con reglas más equilibradas.
¿Qué cambia con la Ley de Insolvencia en 2026?
El cambio más importante es la inclusión de grupos que antes no podían acogerse a este mecanismo. Bajo la ley anterior, quienes tenían descuentos automáticos sobre su ingreso —como libranzas o retenciones— quedaban por fuera del proceso, incluso si su salario o pensión no alcanzaba para cubrir gastos básicos.
La reforma eliminó esa restricción y reconoció que muchas personas entran en una situación financiera crítica por causas ajenas a su voluntad, como disminución de ingresos, enfermedades o aumento de obligaciones.
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Las cifras muestran el impacto del cambio: en 2024 se registraron 10.459 personas declaradas insolventes; en 2025 la cifra subió a 18.743. En enero de 2026 se reportaron 1.550 solicitudes, un 28 % más que en el mismo mes del año anterior, lo que confirma que más ciudadanos están usando esta alternativa legal.
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Pensionados y trabajadores con libranza: los más beneficiados
Uno de los principales efectos de la Ley de Insolvencia en 2026 será la posibilidad de suspender descuentos automáticos en ciertos casos. Pensionados, docentes, militares y trabajadores con créditos de libranza podrán pedir que se detengan esos cobros cuando existan otras deudas que comprometan su mínimo vital.
A diferencia de lo que ocurría antes, esta decisión ya no depende exclusivamente de las entidades financieras. Ahora, el empleador o el fondo de pensiones deben acatar la admisión del proceso de insolvencia. Si los descuentos continúan pese a la orden legal, podrían estar obligados a devolver los valores cobrados indebidamente.
Esto representa un giro importante para quienes veían reducidos sus ingresos sin margen de maniobra, incluso cuando no podían cubrir alimentación, arriendo o servicios.
Cómo iniciar el trámite de insolvencia paso a paso
El proceso no es automático ni se concede sin justificación. La persona interesada debe demostrar que existe una imposibilidad real de cumplir con sus compromisos financieros. Para ello, se requiere presentar:
- Las causas que llevaron a la falta de pago.
- El listado completo de deudas vigentes.
- Los ingresos actuales.
- Los bienes registrados a su nombre.
- Una propuesta de pago acorde con su capacidad real.
La solicitud se presenta ante centros de conciliación autorizados o notarías con conciliadores especializados en insolvencia. Estos pueden encontrarse en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios y algunas notarías del país. Verificar que estén habilitados es clave antes de iniciar el trámite.
Desde el momento en que el proceso es admitido, se pueden suspender cobros, frenar embargos y detener procesos judiciales relacionados con las deudas incluidas en la solicitud.
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