Cobro en tarifas de energía bajaría para colombianos; factura aliviaría el bolsillo

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso en marcha una maniobra regulatoria que, si bien busca aliviar la presión económica sobre los usuarios vulnerables, encendió alarmas en el sector eléctrico nacional. La entidad alista una modificación en la estructura tarifaria de la energía que implica una drástica disminución, de entre el 33% y el 45%, en el Componente de Comercialización (C). Aunque esta medida podría reflejarse en una reducción cercana a 2.400 pesos en la factura mensual de un usuario de estrato 1, el costo para las empresas comercializadoras sería abismal ya que esto significaría una caída en sus ingresos anuales superior al billón de pesos.Puedes leer: Estos son los bancos que tienen convenio para poder pagar el recibo del agua en Bogotá¿Es viable la reducción en la factura mensual en estratos 1?El gremio de las empresas distribuidoras y comercializadoras, Asocodis, no solo cuestionó la viabilidad económica de la propuesta, sino que planteó serias objeciones sobre el procedimiento legal utilizado por la Creg. La tensión se centra en un dilema, ya que una ayuda mínima para el consumidor pondría en riesgo la inviabilidad de los prestadores del servicio, lo que podría comprometer la calidad y continuidad de la energía para millones de colombianos.La preocupación de Asocodis radica en que la propuesta regulatoria golpea un sector que ya se encuentra al borde del abismo financiero. Actualmente, las empresas del sector gestionan un entorno de fragilidad extrema, con recursos pendientes de recuperar que rozan los 6 billones de pesos.Esto financieramente se descompone en varios frentes críticos:2,1 billones de pesos corresponden a subsidios de energía eléctrica.2,6 billones de pesos son saldos adeudados por la opción tarifaria.1,3 billones de pesos constituyen deudas acumuladas por usuarios oficiales.La situación se agrava exponencialmente, ya que, cada mes, la deuda asociada a los subsidios aumenta en aproximadamente 300.000 millones de pesos. Si el Gobierno Nacional no dispone de los recursos suficientes para cubrir este déficit, las proyecciones indican que el monto total pendiente por recuperar podría acercarse a los 7 billones de pesos para diciembre de 2025.En este contexto de cartera acumulada y fragilidad, la reducción planteada por la Creg podría ser el golpe de gracia para varias comercializadoras. José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, enfatizó que la medida afecta de forma importante a todos los comercializadores, pero tiene un impacto mucho más agresivo sobre aquellas empresas pequeñas y las que carecen de solidez financiera. De las veintiuna empresas agrupadas en el gremio, se estima que siete enfrentarían disminuciones de ingresos superiores al 30%, poniendo seriamente en riesgo la continuidad de su labor de comercialización.El gremio advirtió que al sumar el impacto de la propuesta de la Creg a la deuda preexistente, muchos prestadores podrían volverse inviables. Las empresas se verían en una difícil encrucijada entre honrar compromisos e inversiones o seguir financiando subsidios.El análisis regionaliza la magnitud del riesgo. Por ejemplo, si las empresas se vieran obligadas a dejar de financiar los subsidios, el escenario para los usuarios vulnerables podría ser mala.Una factura de un usuario de estrato 1 podría dispararse cerca del 90% si el costo de los subsidios recae exclusivamente en los usuarios de estratos 5, 6 y sectores comerciales, en ausencia de recursos estatales.En el mercado atendido por AIR-e, la reducción del ingreso por comercialización sería del 35%. Aunque el ahorro para un usuario de estrato 1 en esa zona rondaría los 6.000 pesos mensuales, la factura podría incrementarse en 55.000 pesos si los subsidios no se financian.En la región del Chocó, donde opera DISPAC, la factura podría crecer en cerca de 74.000 pesos, lo que representa un aumento del 140%.Puedes leer: Están suplantando la página del Acueducto de Bogotá; recomendaciones para no ser estafadoEstos procedimientos contemplan la necesidad de una actuación administrativa formal que garantice la participación de las empresas y les permita interponer recursos en vía gubernativa. Mientras el sector comercializador se debate entre la inviabilidad y las acciones legales, la Creg demuestra estar activa en otros frentes de modernización. La Comisión, a través del proyecto de resolución 701 098 de 2025, también busca actualizar los requisitos técnicos para la conexión y operación de plantas eólicas y solares fotovoltaicas al Sistema Interconectado Nacional (SIN).