Nueva ley haría que propietarios pierdan su casa por culpa de sus inquilinos

Arrendar una vivienda en Colombia nunca ha sido fácil, pero ahora un nuevo riesgo se suma a las preocupaciones de los propietarios: la posibilidad de perder su inmueble por completo debido al comportamiento del arrendatario.

Aunque parezca exagerado, la advertencia es real y proviene de las autoridades notariales y de la legislación vigente, que contempla escenarios donde los inquilinos pueden llevar a un dueño, incluso de buena fe, a la extinción de dominio.

Cuando los inquilinos ponen en riesgo la propiedad del dueño

La relación entre propietarios e inquilinos siempre ha requerido cuidado y regulación. La Ley 820 de 2003 se ha encargado de trazar los deberes de ambas partes, evitando abusos y garantizando el derecho a una vivienda digna.

Esta ley protege a los arrendadores frente a incumplimientos de pago e incluso permite desalojar a un inquilino moroso desde el primer mes.

Sin embargo, existe una amenaza mucho más grave y que pocos conocen: la extinción de dominio. La Notaría 19 de Bogotá lanzó una advertencia contundente que encendió todas las alarmas.

Según la legislación colombiana, un inmueble puede ser confiscado por el Estado si se utiliza para cometer delitos, incluso si el propietario no sabe lo que está ocurriendo dentro de su propia casa.

Esto significa que si un inquilino decide usar la propiedad para actividades delictivas, desde lavado de activos hasta manejo de información privilegiada, la Fiscalía tiene el poder de iniciar un proceso que terminaría quitándole al dueño su vivienda. El inmueble, entonces, pasa a ser administrado por la SAE, y el propietario pierde todo derecho sobre él.

Lo más impactante es que la ley no requiere que el dueño tenga conocimiento del delito; basta con que el inmueble haya sido escenario de actividades ilícitas.

Los delitos que pueden poner en jaque tu propiedad

La Ley 793 de 2002 establece una amplia lista de delitos que pueden activar la extinción de dominio, y muchos de ellos podrían cometerse sin que el propietario se entere. Entre ellos están:

• Enriquecimiento ilícito.
• Peculado y corrupción en contratos públicos.
• Emisión ilegal de moneda.
• Actividades monopolísticas ilegales.
• Hurto de bienes destinados a seguridad nacional.
• Uso indebido de información privilegiada.

Cualquiera de estos comportamientos, cometidos por los inquilinos, puede poner en riesgo total la vivienda del dueño, incluso cuando este actuó de buena fe.

La recomendación: investigar antes de arrendar

Ante este panorama, expertos y autoridades recomiendan extremar precauciones. No basta con pedir referencias laborales o familiares: hoy es indispensable revisar antecedentes judiciales, historial de arrendamientos anteriores y, si es posible, realizar una verificación más profunda del perfil del inquilino.

En un país donde la propiedad privada cumple una “función social”, descuidar este proceso puede llevar a consecuencias irreversibles. Arrendar puede ser un alivio económico, pero elegir mal a los inquilinos podría convertirse en la peor pesadilla de cualquier propietario.