
Nueva norma protege a los arrendatarios frente a prácticas ilegales cada vez más frecuentes
Los arrendatarios cuentan con respaldo legal para denunciar prácticas ilegales frecuentes por parte de los propietarios de los inmuebles.

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Es más frecuente encontrar en Colombia personas viviendo en arriendo, tanto es así que cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 40,3 % de los hogares del país, se encuentra dentro de esta modalidad, situación que equivale aproximadamente a 7,3 millones de personas.
Pese a que creció esta modalidad entre los colombianos, muchas personas desconocen los derechos y deberes tanto de los arrendatarios como de los propietarios. Tanto es así, que el contrato realizado por ambas partes es un documento esencial para prevenir o resolver conflictos, dado que establece las condiciones y obligaciones.
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Al punto que uno de los conflictos más frecuentes es cuando el arrendatario incumple con el pago del inmueble. En dichas ocasiones, es normal ver que algunos propietarios adoptan medidas arbitrarias con el fin de recuperar el espacio o presionar el cumplimiento del pago, como es el cambio de chapas o guardas de las puertas.
Por lo cual, con las normas vigentes con relación a este tema, el cambio de chapas o cerraduras sin el consentimiento del inquilino puede considerarse una violación de la tenencia, lo que se denominaría ilegal. En estos casos, el arrendatario está en su derecho de acudir a las autoridades competentes para solicitar una restitución, es decir, la recuperación del acceso a la vivienda o local que ocupa legalmente.
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Tanto es así que las autoridades pueden exigirle al propietario del inmueble que permita el ingreso del arrendatario, pese a que existan dudas con relación a los pagos. Dado que este incumplimiento no autoriza al dueño a tomar medidas por su cuenta, tanto es así que los derechos del inquilino deben cumplirse mientras un juez no diga lo contrario.
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El arrendatario puede interponer una denuncia ante la Policía Nacional, con la facultad de intervenir y garantizar el respeto a los derechos de posesión del inquilino. Esto se debe a que este procedimiento se aplica incluso cuando se adeudan varios meses de arriendo, debido a que este tipo de disputas se deben resolver con los canales judiciales.
Las autoridades explican que en el caso de una deuda por arriendo, el procedimiento es revisar el contrato y notificar por escrito sobre el incumplimiento y expresar dar por finalizado el contrato entre ambas partes, luego, inicia el proceso de restitución del inmueble ante un juez, quien tomará la decisión con respecto a este sitió.
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