La administración Trump intensificó y endureció las normativas para quienes desean ingresar al país, con una directriz comunicada a través del Departamento de Estado a cada embajada y consulado alrededor del mundo, instruye a los funcionarios a realizar un examen exhaustivo de los aspirantes a una visa EE. UU.
El propósito central es garantizar que los solicitantes demuestren que no tendrán que depender de beneficios gubernamentales en ningún momento tras su ingreso, aplicando una interpretación extremadamente amplia del concepto de “carga pública”.
Lo que resulta impactante de esta normativa es la amplitud de las condiciones consideradas como riesgo de constituir una carga pública.
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¿Pueden negar la visa americana a quienes estén enfermos?
Padecimientos crónicos y enfermedades que antes no eran un foco principal, ahora son identificadas como posibles causales de negación de visa.
Según detalla el LA Times y confirman los cables internos, la lista incluye condiciones médicas como la obesidad, la diabetes, la depresión, la ansiedad, la presión arterial alta y otras enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurológicas.
La justificación implícita de esta inclusión es que estas condiciones de salud podrían potencialmente requerir en el futuro gastos que ascienden a “cientos de miles de dólares en atención”.
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Aunque los inmigrantes ya están obligados a pasar por un examen médico supervisado por un doctor aprobado por la embajada —un proceso que detecta enfermedades transmisibles como la tuberculosis y requiere la revelación de historiales de uso de drogas o condiciones de salud mental—, la nueva directiva va mucho más allá en la rigurosidad de los requisitos.
La directriz ordena a los funcionarios consulares que, siempre que un solicitante intente usar sus finanzas para cumplir los requisitos de "carga pública", se le deben exigir documentos bancarios y financieros detallados.
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Esto incluye pruebas de activos económicos, cuentas corrientes y de ahorro, fondos de corretaje, fideicomisos e incluso cuentas de jubilación.
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Esta evaluación rigurosa también abarca la consideración de la edad, el estado familiar, la educación y las habilidades del solicitante, así como cualquier uso previo de asistencia pública, incluso si esta fue recibida en otro país.
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Los funcionarios consulares también tienen la autoridad para evaluar el nivel de inglés de los solicitantes y pueden hacerlo mediante entrevistas en dicho idioma.
La normativa generó una fuerte crítica por parte de organizaciones como Protecting Immigrant Families, que la tildan de "peligrosa y discriminatoria".
Abogados migratorios señalan que la norma confiere una amplia discreción a los funcionarios consulares.
Las consecuencias podrían sentirse fuerte en países como Colombia, donde miles de ciudadanos buscan viajar a Estados Unidos como turistas, estudiantes o trabajadores.
Aunque funcionarios federales aclararon que la directriz impacta principalmente las visas de inmigrante y no las visas de no inmigrante B-2 (turismo), la mayor rigurosidad en la evaluación de la situación económica y de salud podría incrementar el número de negaciones para cualquier tipo de solicitante.
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