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La capital colombiana marca un hito en la seguridad y el respeto animal. A partir del segundo semestre de 2025, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha tomado una decisión trascendental: cesar la contratación de servicios de seguridad canina en sus principales sedes de Bogotá, incluyendo la ubicada en la carrera 32 # 12 – 81 y el emblemático Hospital San Juan de Dios.
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Este paso no solo se alinea con la reciente Ley Lorenzo (2454 de 2025), sino que va mucho más allá, apostando por la tecnología de punta para salvaguardar sus instalaciones.
La medida, que ya ha llevado al desmantelamiento de los caniles, busca sentar un precedente para otras instituciones públicas y privadas en el país.
La iniciativa de la SDS surge de un profundo compromiso con el bienestar animal, un valor que se integra dentro de su "Modelo de Atención en Salud", el cual vela por el bienestar tanto de las personas como de los animales.
Juan Guillermo Correa García, subsecretario Corporativo de la entidad, afirmó que la decisión de "no vincular más perros de vigilancia dentro del contrato de seguridad privada" refleja esta visión integral.
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Anteriormente, los caninos desempeñaban un rol crucial en las sedes de la entidad, principalmente en funciones disuasivas, reconociendo su capacidad para apoyar las labores de seguridad.
Sin embargo, la SDS ha concluido que la tecnología actual ofrece una alternativa eficaz para suplir esa necesidad, permitiendo el "retiro de estos animales del servicio activo".
Aunque la Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025) es un marco legal fundamental que regula el uso de perros en la vigilancia privada y establece condiciones dignas para ellos, la Secretaría de Salud ha optado por una postura más progresista.
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La ley, si bien permite su uso bajo criterios estrictos, también promueve la investigación de alternativas tecnológicas para reducir progresivamente la dependencia de animales en estas labores.
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Los requisitos rigurosos de la Ley Lorenzo incluyen la reducción del tiempo de servicio, la provisión de espacios de descanso adecuados, una alimentación balanceada, atención veterinaria obligatoria y el fomento de la adopción de los perros al finalizar su etapa laboral.
Al eliminar por completo el uso de perros, la SDS no solo cumple con el espíritu de la ley, sino que lo supera, convirtiéndose en un modelo a seguir.
Para reemplazar la labor de los caninos, la Secretaría ha implementado un robusto esquema de seguridad basado en la innovación tecnológica. Este nuevo sistema incluye:
Juan Guillermo Correa García ha reconocido que esta transición "ha representado retos importantes para la entidad, ya que ha sido necesario desarrollar nuevas capacidades humanas y contar con nuevos medios tecnológicos"
No obstante, enfatiza que "todo el esfuerzo vale la pena por la protección de los animales". Como parte tangible de esta medida, los caniles que servían de hogar para los perros ya fueron desmantelados.
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La SDS no solo está aplicando esta nueva política en sus propias sedes, sino que también ha extendido una invitación abierta a otras entidades públicas para que se sumen a esta iniciativa. Además, ha instado al sector privado a diseñar estrategias que prioricen la tecnología en lugar del uso de animales en la seguridad.
Correa García subraya que "Las condiciones están dadas, no solo en términos tecnológicos, sino también normativos. Contamos con la nueva Ley Lorenzo, que respalda y promueve este tipo de iniciativas".
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Este funcionario visualiza que lo que se ha implementado en la Secretaría puede "consolidarse de manera paulatina en diferentes entidades públicas y privadas".
Mientras que en Colombia muchas empresas de vigilancia y seguridad privada aún emplean perros entrenados para diversas tareas como la detección de explosivos, defensa controlada y patrullaje, la decisión de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá marca el inicio de una nueva era.
Es un claro ejemplo de cómo la innovación y el compromiso ético pueden converger para forjar un futuro donde la seguridad y el respeto por la vida animal no sean excluyentes. La entidad busca, con este precedente, demostrar que la protección animal no compromete la eficacia de la seguridad.
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