La suspensión del aumento del salario mínimo 2026 en Colombia generó incertidumbre entre trabajadores y empresas. El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que había fijado un incremento del 23,7 % para este año, equivalente a más de $327.000 adicionales al salario básico, que había quedado en $1.750.905 más auxilio de transporte.
La decisión del 13 de febrero de 2026 responde a cerca de 30 demandas que cuestionaban la justificación jurídica y económica del aumento.
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Según el tribunal, no se presentó un argumento sólido que respaldara el incremento, por lo que se ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto basado en criterios técnicos, como la inflación real, la productividad y el crecimiento del PIB, en un plazo máximo de ocho días calendario.
¿Los trabajadores deberán devolver dinero del salario mínimo ya recibido?
Pese a la suspensión, los pagos ya realizados durante enero de 2026 con el aumento del 23 % se mantienen intactos. Es decir, los trabajadores no deben devolver dinero.
El Consejo de Estado aclaró que esos montos se consideran derechos adquiridos y están amparados por las garantías constitucionales del debido proceso y la seguridad jurídica.
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Puntos clave sobre el pago de enero:
- Irretroactividad: La suspensión no afecta lo que ya se pagó.
- Protección legal: Los empleados están protegidos por el principio de favorabilidad laboral, por lo que no pueden ser obligados a reintegrar montos recibidos de buena fe.
- Ajustes futuros: Solo los pagos de nómina generados después de que el Gobierno expida el nuevo decreto podrán verse modificados según los nuevos parámetros.
¿Una decisión arbitraria?
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como “descabellada”, destacando la tensión que genera entre los ciudadanos y el gobierno. Sin embargo, los expertos recuerdan que la medida busca garantizar que cualquier ajuste al salario mínimo tenga respaldo técnico y legal sólido, evitando decretos sin justificación.
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Esta situación ha puesto a los colombianos a discutir sobre lo que significa un salario mínimo estable y cómo los cambios judiciales pueden afectar la economía de millones de trabajadores.
Aunque el aumento de 23 % había generado expectativas entre quienes dependen de este ingreso, la suspensión deja en claro que las normas deben cumplir con criterios objetivos y verificables.
Para los empleadores, el fallo significa que no habrá reliquidaciones ni devoluciones de salarios pagados, evitando complicaciones administrativas mientras se ajusta el nuevo decreto. Para los trabajadores, es un alivio: el dinero recibido sigue siendo suyo, aunque los futuros pagos podrían variar según la decisión final del Gobierno.
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