El proceso contra Zulma Guzmán tomó un nuevo rumbo en los tribunales británicos, debido a una de las estrategías que planteó la defensa. La mujer, señalada por las autoridades como la presunta responsable del caso de envenenamiento con talio en Bogotá en abril del 2025.
Según las investigaciones de las autoridades, la empresaria habría coordinado el envío de frambuesas contaminadas con talio a una residencia ubicada en el norte de Bogotá. Lo que provocó que dos niñas perdieron la vida y otros miembros del hogar resultaron con graves consecuencias.
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Cabe destacar que una vez se conoció la responsabilidad de Zulma Guzmán en este caso, la empresaria terminó saliendo del país a rumbos como España, Argentina y Reino Unido, ante esto se activó una circular roja de Interpol para poder dar con su captura.
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Por lo cual, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio. Sin embargo, una de las dificultades que presenta este caso, es que la implicada se encuentra en Reino Unido tras ser rescatada del Río Tamesí, tras un intentó de fuga por las autoridades de este país.
¿Cuál es la estrategía de Zulma Guzmán para evitar la extradición?
La defensa de Guzmán mencionó que las condiciones en las cárceles colombianas no son las adecuadas, denuncia que llegó el pasado 6 de febrero, cuando la Crown Prosecution Service (CPS) notificó que la defensa invocará el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe tratos inhumanos o degradantes.
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De acuerdo con lo revelado por fuentes cercanas al proceso, la defensa alega que el traslado de la empresaria a Colombia representaría un riesgo inaceptable debido a las condiciones de reclusión en las cárceles del país sudamericano.
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Ante estos argumentos, la justicia del Reino Unido solicitó formalmente al Estado colombiano información técnica y detallada sobre el centro penitenciario específico donde sería recluida Guzmán en caso de ser extraditada, esto con el fin de verificar si el establecimiento cumple con los estándares internacionales.
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Por lo cual, el 9 de febrero, la UK Central Authority, organismo encargado de la cooperación judicial británica, elevó nuevos requerimientos y fijó el 9 de marzo como plazo definitivo para recibir la respuesta oficial. Sin esa información, el proceso no podrá avanzar ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, autoridad responsable de estudiar el caso.
El Gobierno colombiano, ante la presión británica, activó gestiones internas entre la Fiscalía General y el INPEC para definir una estrategia conjunta. Ambos organismos buscan identificar un centro de reclusión que cumpla con los estándares internacionales exigidos y que permita mantener en curso la solicitud de extradición presentada a finales de 2025.
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