La crisis diplomática que sacudió las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño trascendió la esfera política, adentrándose de lleno en el ámbito judicial y financiero.
La inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton (el nombre popular de la lista de la OFAC) fue confirmada el 24 de octubre de 2025 y abarca a su núcleo familiar y político más cercano: su esposa, la primera dama Verónica Alcocer; su hijo mayor y exdiputado, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
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Esta medida, impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designa a los afectados en la sección de drogas ilícitas o autoridades antinarcóticos.
El gobierno estadounidense declaró que la inclusión se debe a los supuestos vínculos del mandatario con el narcotráfico, señalamientos que han sido vehementemente impulsados por figuras republicanas de alto perfil.
El senador republicano Bernie Moreno, cercano a Donald Trump, fue el primero en dar la voz de alarma, proponiendo sanciones y adelantando que impulsaría la inclusión de Petro, su familia y sus cómplices en la lista OFAC.
Moreno afirmó sin ambages que el presidente colombiano había sido elegido "gracias a la ayuda de los carteles de la droga".
Las palabras de Moreno fueron seguidas por las del expresidente Trump, quien rompió todos los protocolos diplomáticos con improperios. Trump calificó a Petro como un "líder del narcotráfico" y "un lunático con problemas mentales", acusándolo de ser un "matón".
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la acción de la OFAC, declarando que, desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos.
Las acusaciones que llevaron a la designación de la OFAC están fundamentadas en varios expedientes de preocupación para Washington, muchos de los cuales reflejan investigaciones judiciales en curso o datos sobre el crecimiento del narcotráfico en Colombia.
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El factor principal de descontento para Estados Unidos es el crecimiento comprobado de los cultivos y la producción de coca durante la administración Petro. Según datos de la ONU, entre 2022 y 2023, las hectáreas sembradas de cocaína aumentaron de 230.000 a 253.000.
La producción potencial anual de cocaína se disparó de 1.738 a 2.664 toneladas métricas, lo que representa el 71,84% de toda la cocaína que circula a nivel mundial. Este aumento alarmante es la razón por la que Trump tildó a Colombia de ser una "máquina de fabricar drogas".
Además del repunte en la producción, el exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, Marshall Billingslea, introdujo al debate la hipótesis de la supuesta financiación de la campaña de Petro proveniente del régimen de Nicolás Maduro, utilizando "dinero venezolano corrupto y sucio".
Aunque esta es una hipótesis sin prueba en estrados, los estadounidenses poseen un testigo clave: el general (r) venezolano Clíver Alcalá Cordones, quien podría cooperar a cambio de una rebaja de su condena.
Washington también mantiene un recelo profundo sobre los escándalos que han salpicado al círculo íntimo del presidente:
- Nicolás Petro y los dineros de campaña: El hijo mayor del mandatario enfrenta un juicio oral por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se ha señalado que recibió donaciones de personajes como Samuel Santander Lopesierra ("el Hombre Marlboro"), conocido por las cortes norteamericanas y extraditado por narcotráfico en 2003.
- Infiltración de narcotraficantes: La campaña también fue permeada por el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Petro admitió que este personaje infiltró la campaña con $500 millones de pesos, dinero que, según el entonces candidato, ordenó devolver. Este caso se vincula con investigaciones de agencias internacionales (DEA, MI-6, Europol) sobre operaciones en Suramérica del grupo político-militar libanés Hezbolá, que se financia con el narcotráfico.
- El Pacto de La Picota: Las sospechas también recaen sobre las visitas a cárceles de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, durante la campaña de 2022. Estas visitas han sido denunciadas por la oposición y son objeto de indagación preliminar por la Fiscalía, incluyendo revelaciones de que se ofreció impedir la extradición del narco Carlos Eduardo Restrepo por $100 mil dólares.
¿Qué es la Lista Clinton?
La Lista Clinton (OFAC) es una herramienta de presión considerable debido a su naturaleza administrativa. No requiere la presentación de pruebas ante un juez independiente. La sanción se basa únicamente en los reportes de operaciones sospechosas de la OFAC, que opera bajo el poder ejecutivo de EE.UU..
Para las personas designadas, las consecuencias son devastadoras: teóricamente, se les prohíbe tener relaciones económicas y comerciales con empresas de Estados Unidos. En la práctica, sin embargo, el efecto más inmediato y severo es el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos financieros.
Además, la carga de la prueba se invierte. Es el perjudicado quien debe demostrar su inocencia para conseguir que la sanción sea revocada.
Reacción de Gustavo Petro al saber que está en la Lista Clinton
Tras la confirmación de la inclusión, la reacción del presidente Petro fue inmediata y de confrontación. El mandatario aseguró que la amenaza se cumplió, refiriéndose a las advertencias previas del senador Moreno.
En un tono desafiante, Petro afirmó que se defenderá judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Anunció que su defensa estará a cargo del abogado Dany Kovalik de EE.UU.
Petro sostuvo que su inclusión se debe a que ha luchado contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia.
El ministro Armando Benedetti, también incluido en la lista, reaccionó con una declaración incendiaria, afirmando que la medida era una prueba de que todo imperio es injusto y que la lucha antidrogas de EE.UU. es una "farsa armamentista". Benedetti cerró su mensaje con un tajante "Gringos go home".
Mientras la tensión sigue escalando, con Trump amenazando con tomar medidas muy serias contra Petro y Colombia si no cierran los "campos de la muerte", el panorama jurídico y financiero del círculo presidencial colombiano pende de un hilo en Washington.