El caso que involucra a la reconocida cadena de tiendas Lili Pink sigue sumando nuevas revelaciones y una de las más llamativas tiene que ver con lo que habrían hecho algunos directivos antes de los allanamientos adelantados por la Fiscalía en distintas regiones del país.
Según información revelada en medio de la investigación, las autoridades comenzaron a sospechar que ciertas personas relacionadas con la empresa habrían tenido conocimiento previo del operativo judicial. La razón principal es que, cuando los investigadores revisaron varias cuentas bancarias ligadas al caso, encontraron movimientos que ahora generan fuertes dudas dentro del proceso.
La Fiscalía adelanta una investigación contra la empresa por presuntos delitos relacionados con lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. El expediente apunta a una supuesta red empresarial que habría movido más de 730.000 millones de pesos mediante importadoras y compañías fachada.
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La pista que despertó sospechas sobre una posible filtración
Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue que varias cuentas vinculadas a la compañía no tenían fondos disponibles al momento de las diligencias judiciales. De acuerdo con reportes conocidos por medios nacionales, las autoridades ahora buscan establecer si el dinero fue retirado antes de los allanamientos porque alguien filtró información del operativo.
Las investigaciones también intentan determinar hacia dónde fueron movidos esos recursos y si existen otras cuentas que todavía no han sido identificadas por las autoridades. El tema encendió las alarmas debido a la magnitud del caso y al alcance nacional de los operativos realizados por el CTI y la Fiscalía.
Los allanamientos se llevaron a cabo en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país. Durante las diligencias fueron ocupados más de 400 locales comerciales, además de inmuebles, vehículos y activos relacionados con la compañía.
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Además, la investigación ya derivó en órdenes de captura y en el seguimiento a varias personas cercanas a la estructura empresarial. Entre los nombres mencionados en el expediente aparecen empleados y personas de confianza de los empresarios, incluidos un conductor y funcionarios administrativos que, según las autoridades, habrían tenido participación dentro de algunas sociedades investigadas.
Mientras avanza el proceso judicial, la SAE asumirá la administración de los bienes afectados. Sin embargo, las tiendas continuarán funcionando temporalmente mientras la justicia define el futuro del caso y la situación jurídica de los implicados.
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La posibilidad de que hubiera una filtración sobre el operativo ahora se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la investigación. Por eso, las autoridades siguen revisando movimientos financieros, comunicaciones y operaciones realizadas en los días previos a los allanamientos contra la reconocida cadena de ropa interior femenina.