Frente al juez federal Alvin Hellerstein, Nicolás Maduro Moro no solo se declaró "no culpable" de los cargos de narcoterrorismo que pesan en su contra, sino que intentó una maniobra jurídica de alto impacto: autodenominarse "prisionero de guerra" bajo el amparo de los convenios de Ginebra.
Esta declaración no es un simple arrebato retórico; es el núcleo de una estrategia que busca invocar inmunidad y cuestionar la legalidad de su detención por parte de las fuerzas estadounidenses.
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No obstante, la pregunta que resuena es si existe alguna posibilidad real de que Maduro recupere la libertad mientras avanza su proceso. Según un análisis detallado entregado por el exfiscal General de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa, a La FM, las probabilidades de que esto ocurra son extremadamente bajas.
¿Nicolás Maduro podría quedar libre?
Para Francisco Barbosa, la estrategia de la defensa de Maduro, que incluye presentarlo como un jefe de Estado "secuestrado", se enfrenta a la dura realidad del sistema penal federal de los Estados Unidos.
Durante su intervención, Barbosa fue enfático al señalar que "no es probable una libertad en los próximos meses".
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Esta afirmación se sustenta en que la defensa ni siquiera solicitó la fianza durante la primera audiencia, consciente de que la fiscalía tiene argumentos de peso para oponerse, tales como el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos imputados y el peligro que el acusado podría representar para la comunidad.
El análisis de Barbosa también destaca que, aunque Maduro intente refugiarse en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el caso se centra en cargos comunes de narcotráfico y posesión de armas, y no en actos oficiales de gobierno.
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De acuerdo con el exfiscal, para que se aplique el estatus de prisionero de guerra, debe demostrarse la existencia de un conflicto armado internacional, mientras que la justicia estadounidense procesa este caso como una acción criminal contra el narcoterrorismo.
Un precedente clave citado por Barbosa es el caso de Manuel Antonio Noriega. En aquel entonces, la justicia de EE. UU. determinó que las circunstancias de la captura del líder panameño no anulaban el proceso ni afectaban la validez de los cargos federales.
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Esto sugiere que, independientemente del debate sobre la legalidad del operativo "Resolución Absoluta", el juez Hellerstein se concentrará en la solidez de las pruebas presentadas por los fiscales encabezados por Jay Clayton.
Otro punto relevante abordado por el exfiscal es la financiación de la defensa. Maduro, al sostener que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela, pretende utilizar recursos públicos para costear su representación legal, la cual está a cargo del abogado Barry J. Pollack.
Mientras tanto, en Caracas, Delcy Rodríguez ha asumido como "presidenta encargada", una figura que busca evitar la convocatoria a elecciones inmediatas y mantener la estructura del chavismo bajo un margen de 90 días prorrogables.
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