Los propietarios cuentan con mecanismos específicos para responder ante el incumplimiento del inquilino según la legislación colombiana que estbalece procedimientos claros para recuperar un inmueble.
El Canon de arrendamiento impago (tarifa mensual que un inquilino paga por el alquiler de un inmueble, como una vivienda o local comercial), servicios públicos pendientes y conflictos de convivencia son algunos problemas frecuentes que presentan propietarios de sus inmuebles al arrendarlos a terceros.
Según explica la abogada y asesora Katheryne Guerrero, los errores más comunes al momento de arrendar una vivienda terminan favoreciendo a los incumplidos, debido a los contratos verbales o mal redactados, omisión de filtros al elegir inquilinos con buen historial de pago y desconocimiento de derechos y obligaciones.
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¿Qué puede hacer un propietario de un inmueble si el inquilino no le paga?
Las disposiciones de la Ley 820 de 2003 y del Código General del Proceso establecen que el impago del arriendo o de los servicios públicos constituye una causal directa para terminar el contrato y demandar la restitución del inmueble.
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En un caso de incumplimiento, el propietario puede iniciar un proceso de conciliación extrajudicial; si no hay acuerdo, acudir ante un juez, quien puede ordenar la entrega del inmueble con apoyo de la fuerza pública.
Adicionalmente, la normativa respalda al arrendador para reclamar los cánones atrasados, servicios públicos debidos, cuotas de administración e incluso indemnizaciones por daños al inmueble. También incluye situaciones de subarriendo sin autorización, deterioros del bien o uso indebido del mismo.
Recomendaciones para evitar problemas con inquilinos incumplidos
Expertos en el sector aconsejan tres medidas clave para prevenir problemas:
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- Firmar un contrato de arrendamiento claro por escrito, donde se especifiquen canon, fechas de pago, duración, causales de terminación, responsabilidades y derechos de las partes.
- Realizar una evaluación del posible inquilino: solicitar referencias, verificar historial crediticio, estabilidad laboral y comportamiento previo.
- Considerar contratar pólizas de arrendamiento o seguros que cubran incumplimiento de pago, gastos judiciales, daños al inmueble y otros riesgos relacionados con la renta.
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Con más de 7,3 millones de hogares alquilados en Colombia, según un análisis reciente del BBVA Research, este marco legal representa una oportunidad para que propietarios dejen atrás la preocupación por el pago de su inmueble.
La ley busca implementar arrendamientos justos, donde el arrendador cuente con respaldo legal y proteja su patrimonio, no favorecer a quienes incumplen contratos o se apoderan de viviendas sin respetar reglas.
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Además, la abogada Guerrero resalta que las nuevas herramientas no solo fortalecen a los propietarios, también ayudan a ordenar la relación con los arrendatarios responsables.
El establecimiento de procesos definidos reduce conflictos, evita interpretaciones ambiguas del contrato y fija reglas que protegen a ambas partes.
Especialistas inmobiliarios también consideran que este marco legal podría impulsar el cumplimiento de las responsabilidades, pues los inquilinos comprenderán que el impago o el uso indebido del inmueble genera consecuencias reales y rápidas.
Enfatizan también, que con un mercado más transparente, la expectativa es que cada vez más ciudadanos puedan acceder a viviendas en arriendo sin temor a convivencias problemáticas o disputas prolongadas.