El caso de Yulixa Toloza volvió a generar preocupación luego de conocerse las complicaciones judiciales que enfrenta Colombia para lograr que tres ciudadanos venezolanos capturados por este proceso sean enviados al país.
Aunque las autoridades venezolanas confirmaron las detenciones de Edison José Torres, Eduardo David Ramos y María Fernanda Delgado Hernández, todavía existe incertidumbre sobre lo que podría pasar con ellos en las próximas semanas.
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La razón tiene que ver con la legislación venezolana y con varios trámites que deben adelantarse en tiempo récord para evitar que los detenidos recuperen su libertad.
La noticia tomó fuerza después de que se conociera que los tres señalados fueron ubicados en los estados Portuguesa y Aragua, en Venezuela, luego de cruzar la frontera desde Colombia.
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El obstáculo que enfrenta Colombia en el caso Yulixa Toloza
Uno de los puntos más delicados del proceso es que la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales.
Esto significa que, aunque Colombia los solicita para responder ante la justicia colombiana, las autoridades venezolanas no están obligadas a enviarlos al país.
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De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución venezolana, cuando un ciudadano de ese país comete hechos ilegales en otra nación y luego regresa a territorio venezolano, el proceso judicial puede adelantarse desde Venezuela.
Por esa razón, la Fiscalía colombiana tendrá que realizar varias diligencias jurídicas y diplomáticas para intentar que el caso avance bajo mecanismos especiales entre ambos países.
La situación se complica aún más porque algunos de los cargos por los que Colombia busca procesarlos no aparecen de la misma manera dentro de la legislación venezolana.
Según se conoció, la justicia colombiana pretende imputar delitos como desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y encubrimiento de pruebas. Sin embargo, en Venezuela algunos de estos procesos tienen limitaciones legales dependiendo de dónde ocurrieron los hechos.
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El plazo de 60 días que podría cambiar el rumbo del caso
Uno de los detalles que más llamó la atención es el plazo que existe para presentar todos los documentos necesarios ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Las autoridades colombianas tendrán un máximo de 60 días para consignar los recaudos y soportes que exige la justicia venezolana para estudiar formalmente la solicitud.
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Si ese tiempo se vence y la documentación no cumple con todos los requisitos, los detenidos podrían recuperar su libertad mientras se define el futuro del proceso.
Ese escenario ha generado preocupación entre quienes siguen el caso de Yulixa Toloza, especialmente porque las capturas ocurrieron apenas días después de conocerse el hallazgo del cuerpo en Apulo, Cundinamarca.
Por ahora, desde la Fiscalía de Colombia se adelantan los trámites para radicar la solicitud formal y evitar retrasos que compliquen aún más el panorama judicial.
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