Una investigación periodística sustentada en cientos de archivos electrónicos incautados a la disidencia de las Farc, alias 'Calarcá', puso en la mira la seguridad nacional de Colombia.
Tras casi un año de rastreo, análisis de documentos y cotejo de fuentes, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló un presunto y escandaloso vínculo entre jefes de disidencias, un general activo del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
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Los documentos, que incluyen chats, correos, cartas, fotos, memorias USB y celulares, destaparían planes para crear empresas fachada, facilitar la movilidad de guerrilleros con órdenes de captura y concretar un supuesto "pacto de no agresión" con la Fuerza Pública.
Por si fuera poco, un aparte de estas comunicaciones secretas contiene amenazas directas de alias 'Iván Mordisco' de "tumbar" al presidente Gustavo Petro con supuestas pruebas de acuerdos de financiación durante la campaña presidencial, mencionando explícitamente a la vicepresidenta Francia Márquez.
Documentos revelan vínculos entre disidencias de las Farc y altos mandos militares
La trama de corrupción e infiltración se centra en dos figuras estratégicas dentro del aparato de seguridad colombiano: el general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El Comando de Personal del Ejército, dirigido por Huertas, es la dependencia responsable de los nombramientos, retiros y traslados de cualquier miembro de la institución.
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Los archivos incautados a alias 'Calarcá', jefe del autodenominado Estado Mayor de las Farc (EMC), contienen un reporte detallado que relata reuniones en Bogotá entre un hombre de confianza de 'Calarcá' y el General Huertas.
Según una comunicación que data del 8 de febrero de 2024, el General Huertas —quien en ese momento estaba fuera del Ejército, actuando como un "poderoso asesor a la sombra" del Ministerio de Defensa, Inteligencia del Ejército y la DNI— habría propuesto a la disidencia establecer una empresa de seguridad legal.
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La propuesta era un negocio de "mita y mita" (50/50): Huertas conseguiría los permisos y los disidentes pondrían "los muchachos y las armas".
Esta estrategia tenía como objetivo crear una fachada que permitiera a la estructura ilegal moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente.
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Incluso se contempló la obtención de permisos para fusiles, después de asegurar los de pistolas.
Adicionalmente, el General Huertas, cuya motivación supuestamente incluía conseguir puestos altos en el Gobierno actual, habría ofrecido protección para los desplazamientos de los líderes disidentes, garantizando que sus hombres servirían para movilizar personal e incluso heridos.
Huertas habría manifestado su disposición a asistir personalmente a los traslados para asegurar que en un retén militar no se pudieran realizar requisas sin una orden superior.
El segundo alto funcionario salpicado es Wilmer Mejía, designado por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2024 como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
Catorce fuentes consultadas por Noticias Caracol aseguran que Mejía es el "verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia".
Su cercanía con el presidente Petro le habría permitido influir en purgas de oficiales no afines al Gobierno, especialmente en áreas de inteligencia del Ejército y la Policía.
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Un testigo del alto mando de las disidencias afirmó que a Mejía lo apodan ‘el Chulo’ y que es el encargado de acercar a las organizaciones criminales con integrantes de la Fuerza Pública, facilitando contactos con coroneles, estaciones de Policía y comandantes para garantizar la movilidad de la disidencia.
El mismo testigo narró que Mejía facilitó un acercamiento con Huertas a principios de 2023, cuando el general estaba retirado, para ayudar a movilizar guerrilleros con orden de captura en Bogotá, proporcionando carros y conductor.
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Archivos secretos de Calarcá: filtración de información
Los archivos incautados van más allá de los negocios fachada. Tras reuniones clave en Venezuela (incluyendo supuestos encuentros entre Mejía, Huertas, y jefes disidentes como Richard Catatumbo), se habrían concretado encuentros en Bogotá.
A estas citas asistieron representantes de las disidencias, Huertas, Mejía y, en una ocasión, el director de Indumil, coronel en retiro Juan Carlos Mazo, para discutir el presupuesto y la adquisición de armamento para la empresa de seguridad.
Pero lo más grave de la investigación periodística concierne a la seguridad operacional del Ejército. En una tercera y cuarta reunión en Bogotá, con asistencia de Mejía, Huertas y oficiales del Ejército vestidos de civil, se coordinó un supuesto "pacto de no agresión" entre la Fuerza Pública y las disidencias en regiones como Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar. El objetivo, según el disidente, era "no chocar con el Ejército".
Para garantizar este pacto, los oficiales del Ejército habrían entregado a las disidencias los códigos de las frecuencias radiales del Ejército, que son secretos, junto con números de celulares y correos.
Esta entrega de información reservada permitía a las disidencias conocer las operaciones militares en curso y coordinar con las principales unidades militares, un hecho que, según el testigo, les garantizó no tener bajas por parte del Ejército hasta su caída.
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Investigadores como Gerson Arias calificaron estos hechos de "sin antecedentes", comparando la creación de empresas fachada con el oscuro capítulo de las Convivir.
Además, los dispositivos electrónicos de 'Calarcá' evidencian la filtración de información reservada de entidades estratégicas como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Dijín, permitiendo a los grupos armados conocer que líderes disidentes tenían teléfonos "chuzados" y quiénes estaban haciendo inteligencia en su contra.
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Amenaza política de Iván 'Mordisco' a Gustavo Petro
Otro elemento de los archivos se relaciona con la confrontación entre el jefe disidente 'Iván Mordisco' y el presidente Gustavo Petro, la cual se intensificó en marzo de 2024 después de que Petro lo calificara de "traqueto".
Las conversaciones privadas incautadas, que tuvieron lugar el 24 de marzo de 2024 entre 'Iván Mordisco' y alias Danilo Alvizú (comandante del frente Carolina Ramírez, quien posteriormente cambió de bando), revelan la intención de 'Mordisco' de actuar contra el mandatario.
'Mordisco' manifestó: "Yo tengo ganas de tumbar a Petro… con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Mayimbú, lo tumbamos. Esas pruebas están".
Agregó que el presidente "dio la orden de capturarme… y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas".
La respuesta de 'Alvizú' a esta amenaza fue aún más incriminatoria: “Todo se hizo a través de Francia Márquez". El material menciona a alias Mayimbú, Leider Noscúe, jefe disidente del Cauca que murió en junio de 2022.
La ofensiva militar contra 'Mordisco' se ha mantenido desde 2024, con el Presidente incluso ordenando su captura vivo para que "vaya a la cárcel a hablar". A pesar de los 13 bombardeos ordenados contra sus estructuras hasta noviembre de 2025, 'Mordisco' reapareció lanzando una nueva amenaza.
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La investigación también encontró referencias a un "empresario chino" identificado como Xi Xin Xang o Jixing Zhang, quien visitaría campamentos disidentes en Catatumbo, Caquetá y sur de Bolívar.
Los chats y fotografías sugieren que este individuo estaría involucrado en la gestión de compra de armamento (incluyendo bombas y morteros) y tendría un interés particular en proyectos de minería ilegal, presentándose como un inversionista.
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Frente a la gravedad de los señalamientos, todos los implicados negaron las acusaciones.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación rigurosa interna sobre los presuntos nexos, asegurando que su cartera no tolerará "actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria". El ministro calificó a 'Calarcá' y 'Mordisco' como criminales de alta peligrosidad.
Por su parte, la oficina de prensa de la vicepresidenta Francia Márquez señaló que la campaña fue "genuina, transparente y con el apoyo del pueblo colombiano," y la vicepresidenta indicó: “Yo no me reúno con criminales”.
Tanto el General Huertas como Wilmer Mejía negaron tajantemente los señalamientos. Huertas aseguró que nunca se reunió con disidentes ni viajó a Venezuela, manifestando ser víctima de un montaje orquestado por militares activos y retirados.
Mejía, por su parte, también negó viajes o reuniones con jefes de disidencias y afirmó que carece de la capacidad para promover la creación de departamentos de seguridad, tachando las acusaciones de un montaje en su contra y de Huertas.
La controversia se agrava al recordar que los dispositivos electrónicos incautados a 'Calarcá' en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024, fueron recuperados después de que la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, ordenara la liberación de la mayoría de los detenidos (incluyendo 'Calarcá' y otros tres líderes) bajo el argumento de ser Gestores de Paz, a pesar de haber sido sorprendidos en flagrancia con armas y dinero.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó las revelaciones como de "extrema gravedad" y responsabilizó al presidente Petro y a la Fiscal General por la liberación de 'Calarcá', cuyo grupo, según él, creció significativamente en la región.
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