Filtran borrador con histórico aumento al salario mínimo 2026, ¿graves consecuencias?

El panorama económico de Colombia se vio sacudido durante el último fin de semana del año tras la circulación de un documento de trabajo interno del Gobierno Nacional.

Este borrador, atribuido a los equipos técnicos del Ministerio del Trabajo, propone un incremento sin precedentes del 23 % para el salario mínimo de 2026, una cifra que elevaría la remuneración base de los trabajadores a $1.746.882, sin incluir el auxilio de transporte.

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Aunque no se trata de una decisión oficializada, la filtración ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de tal ajuste en un contexto de recuperación económica.

La base de esta propuesta radica en el concepto de "salario vital", una iniciativa promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y defendida por la administración de Gustavo Petro.

Este modelo busca que el ingreso mensual sea suficiente para que un trabajador cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación de manera digna.

Según los cálculos del Ejecutivo, el salario mínimo ideal en el país debería superar los $1,8 millones, aunque el documento reconoce que este objetivo debe alcanzarse de forma progresiva, iniciando con el mencionado salto del 23 % en 2026.

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A pesar de que el Gobierno argumenta que la mejora en los indicadores de crecimiento y la reducción del desempleo justifican un incremento "justo", diversos sectores han expresado serios reparos.

La principal preocupación de economistas y gremios radica en la magnitud del aumento, el cual se sitúa muy por encima de la inflación proyectada para 2025, estimada en un 5 %.

Expertos como Andrés García, de la Universidad del Rosario, advierten que un ajuste de 18 puntos porcentuales por encima de la inflación, sin un aumento equivalente en la productividad, representa un riesgo crítico para la estabilidad del mercado laboral.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha sido enfático al señalar tres consecuencias inmediatas si se llegara a aplicar esta cifra: un rebrote inflacionario, el aumento de la informalidad y ajustes negativos en la calidad del empleo.

Según Mejía, ante un aumento de costos laborales de doble dígito, los empresarios —especialmente los pequeños— tienden a trasladar ese gasto al consumidor final mediante el alza de precios o, en casos extremos, a sustituir trabajadores por tecnología o esquemas de contratación parcial.

En Colombia, el salario mínimo funciona como una columna vertebral para más de 70 bienes y servicios que están indexados a su valor. Un incremento del 23 % dispararía automáticamente los costos de:

• Matrículas educativas y cuotas de administración.
• Multas de tránsito, trámites notariales y aportes a seguridad social.
• Vivienda de Interés Social (VIS): Se estima que el precio tope de estas viviendas en ciudades como Bogotá y Medellín podría superar los $260 millones en 2026, dificultando el acceso a créditos hipotecarios para miles de familias.

Incluso el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, manifestó su preocupación, sugiriendo que el aumento debería situarse en un rango de entre el 6 % y máximo el 8 % para evitar daños profundos a la formalidad.

Ocampo advirtió que, dado que el grueso de la población trabajadora ya gana menos de un mínimo, un alza desmedida solo empujaría a más personas hacia la precariedad laboral.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha mostrado su molestia ante la filtración de estos documentos técnicos antes del anuncio oficial. No obstante, el Ministerio de Hacienda confirmó que la decisión final será comunicada al país el lunes 29 de diciembre a las 7:00 p.m. a través de una alocución presidencial.