Aunque parezca sorprendente, en Colombia un arrendador puede solicitar el desalojo de un inquilino incluso si este lleva poco tiempo viviendo en el inmueble. Así lo establece la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana y protege tanto al propietario como al arrendatario.
El artículo 22 de esta norma define las causales que permiten terminar un contrato de forma anticipada. La principal es el incumplimiento en el pago del arriendo o de los reajustes pactados. Si el inquilino no cancela dentro del plazo acordado, el arrendador puede iniciar el proceso legal de restitución del bien, sin necesidad de esperar varios meses.
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¿Qué conductas pueden causar el desalojo de un inquilino en Colombia?
No solo el no pagar da pie a la terminación del contrato. La ley contempla otras situaciones graves que pueden derivar en el desalojo inmediato. Por ejemplo, cuando el arrendatario usa el inmueble para actividades ilícitas o contrarias a lo acordado en el contrato.
También se considera causal de terminación el hecho de realizar modificaciones, ampliaciones o reparaciones sin la autorización del propietario. Estos cambios pueden afectar la estructura o el valor del inmueble, por lo que el arrendador tiene derecho a intervenir.
Del mismo modo, si el inquilino causa daños al inmueble o altera la convivencia de los vecinos con comportamientos agresivos o ruidosos, el propietario puede acudir a las autoridades competentes para recuperar la posesión.
¿Cuáles son los derechos y las responsabilidades del inquilino y el propietario en Colombia?
La ley busca un equilibrio entre las dos partes: protege al inquilino de desalojos , pero también respalda al propietario cuando se incumplen las normas básicas del contrato. Por eso, cada cláusula firmada debe leerse con atención antes de ocupar o entregar un inmueble.
En casos de conflicto, la recomendación es acudir a una conciliación o al juzgado civil municipal, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. En ningún caso el propietario puede sacar por su cuenta al inquilino; el procedimiento siempre debe hacerse por vía legal.
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Los expertos en derecho inmobiliario recuerdan que alquilar una vivienda no solo implica pagar cada mes, sino también cuidar el inmueble y mantener una buena relación con la comunidad. Actuar con responsabilidad evita procesos judiciales y protege tanto al arrendatario como al arrendador.
La Ley 820 de 2003 sigue siendo la guía principal en Colombia para los contratos de arrendamiento urbano. Conocerla y aplicarla correctamente puede evitar conflictos, pérdidas económicas y situaciones incómodas que terminen en un desalojo prematuro.
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