
Gobierno regala dinero a alumnos en Bogotá; más de 250.000 y solo deben estar estudiando
El Distrito lanzó un ambicioso programa de transferencias monetarias condicionadas que beneficiará a 255.000 estudiantes de colegios y jardines públicos.

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Bogotá puso en marcha una de las transformaciones más significativas de su política social reciente con el rediseño de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).
Con una inversión inicial de 12.900 millones de pesos, la Administración Distrital comenzó a entregar apoyos económicos a 255.000 hogares, con la condición de que sus hijos e hijas permanezcan en el sistema educativo oficial.
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Este nuevo modelo, basado en un "acuerdo de corresponsabilidad" entre las familias y el Distrito, busca ir más allá de la asistencia inmediata y generar un impacto a largo plazo.
"Culminando los estudios se puede acceder a más oportunidades de trabajo en la adultez, permitiendo mejorar los ingresos de los hogares", explicó Juliana Sánchez, secretaria (e) de Integración Social.
El objetivo es doble: aliviar las crisis económicas actuales de las familias y, al mismo tiempo, invertir en el capital humano futuro de la ciudad.
La estrategia se divide en dos grandes componentes que abarcan todo el ciclo educativo:
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Los montos de las transferencias varían entre $40.000 y $100.000 por cada estudiante, con un tope de $300.000 mensuales por hogar por cada componente. La asignación del dinero se determina según el nivel de pobreza, el grado escolar y si el beneficiario tiene alguna discapacidad o es víctima del conflicto armado.
Estos dos últimos grupos reciben valores adicionales como una medida de priorización y reconocimiento a su vulnerabilidad. De hecho, para los hogares con personas con discapacidad o víctimas del conflicto se puede sumar un monto de entre $20.000 y $30.000 a la transferencia inicial.
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Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, destacó que este enfoque diferenciado busca "nivelar la cancha" y contribuir a soluciones duraderas que promuevan una "inclusión real y un sentimiento de arraigo en la ciudad" para las familias afectadas por la violencia.
La condicionalidad del programa es su pilar fundamental: la asistencia regular a clases es verificada mensualmente en colegios oficiales, jardines infantiles de Integración Social y Centros Crecer para menores con discapacidad.
Esta medida responde directamente a una alarmante realidad documentada por informes como el de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos (BCV). Según este reporte, las dificultades económicas son la principal causa de abandono escolar, representando un 85,48% de los casos.
La secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia, enfatizó que la transferencia "busca es ayudar a evitar la deserción escolar".
El programa no solo previene que los estudiantes abandonen sus estudios, sino que también se apoya en alertas tempranas para identificar y acompañar a aquellos en riesgo.
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Aunque la tasa de deserción intra-anual en Bogotá se redujo de 3,48% en 2022 a 2,84% en 2023, sigue siendo una problemática grave, especialmente en los colegios oficiales, donde la cifra casi duplica la de las instituciones privadas.
Localidades como La Candelaria, Los Mártires y Antonio Nariño presentan las tasas más altas.
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Con esta estrategia, el Distrito no solo ofrece un apoyo económico, sino que también hace una invitación a las familias para que aprovechen los servicios públicos de calidad disponibles, ya que actualmente hay cupos en la oferta educativa oficial.