El Gobierno nacional de Colombia está analizando una propuesta de reforma al régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte que genera preocupación entre propietarios de conjuntos residenciales, conductores y usuarios de plataformas de transporte digital como Uber, DiDi, Cabify, inDrive y Picap debido a posibles multas.
Esta iniciativa plantea endurecer las sanciones no solo para conductores y plataformas, sino también para terceros que de alguna forma estén vinculados a la operación de estos servicios, incluidos los espacios donde se estacionan estos vehículos.
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Uno de los artículos más polémicos de este proyecto plantea que propietarios y administradores de edificios, conjuntos residenciales o espacios comerciales que permitan, promuevan o consientan el estacionamiento de carros que trabajan con estas aplicaciones podrían enfrentar multas de gran magnitud.
La propuesta mencionada indica que estas sanciones pueden llegar hasta cientos de millones de pesos, lo que ha encendido el debate en sectores del transporte y vivienda.
¿Reforma al transporte por apps afectaría a conjuntos residenciales?
El objetivo central de la reforma es reforzar las facultades de la Superintendencia de Transporte para sancionar actividades que, según el Gobierno, operan al margen de la regulación vigente.
Aunque los servicios que gestionan plataformas digitales no tienen una regulación específica en Colombia, el proyecto los clasifica como actividades “informales” o “ilegales”, lo cual ha generado polémica.
En este contexto, la iniciativa propone que cualquier espacio donde se facilite la prestación de estos servicios, incluso si solo se provee estacionamiento para esos vehículos, pueda ser objeto de sanción.
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Esto incluye los parqueaderos dentro de conjuntos residenciales, parques de apartamentos o zonas comerciales.
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La propuesta despierta inquietud tanto en propietarios de vivienda como en conductores y usuarios de aplicaciones de transporte.
Para muchos, sancionar a terceros, como propietarios de inmuebles o administradores de parking, parece una medida extrema que puede afectar seriamente la convivencia en urbanizaciones y la operación normal de residentes.
Además, estos espacios muchas veces no tienen control sobre qué vehículos ingresan o se estacionan.
Por otra parte, sectores que buscan mayor control sobre el transporte informal ven en esta reforma una herramienta para limitar lo que consideran competencia desleal en el mercado del transporte público.
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Legalidad de las plataformas de transporte
La discusión sobre si servicios como Uber o DiDi son legales en Colombia ha sido larga. Un fallo reciente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que ordenar el bloqueo de estas plataformas podría vulnerar principios como la neutralidad tecnológica, lo que complica cualquier intento de prohibirlas de forma absoluta.
Aunque estas apps aún no cuentan con una regulación específica, el tribunal señaló que su funcionamiento no se considera ilegal únicamente por esa ausencia de normas claras.
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Este proyecto de reforma sigue en trámite legislativo, y su alcance final aún no es definitivo. Organizaciones de usuarios, propietarios de conjuntos y empresas tecnológicas siguen analizando el impacto potencial de estas sanciones, mientras el Gobierno mantiene que busca equilibrar la modernización del transporte digital con el cumplimiento de las leyes vigentes.
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