En un esfuerzo por frenar la discriminación y violencia contra la comunidad LGBTIQ+, algunos conjuntos residenciales en Colombia han decidido imponer sanciones económicas a aquellos que agredan, ya sea física, verbal o psicológicamente, a cualquier persona perteneciente a este sector social.
De acuerdo con información obtenida por La Kalle, estas multas pueden superar un salario mínimo colombiano, representando una postura firme en favor de la inclusión y el respeto.
Si bien esta medida no es generalizada en todos los conjuntos residenciales del país, encuentra sustento en un marco legal sólido que protege los derechos de las personas LGBTIQ+.
La Constitución Política de Colombia , en sus artículos 1, 2, 5 y 13, establece la igualdad como principio fundamental, garantizando que todas las personas disfruten de los mismos derechos y libertades sin discriminación por orientación sexual o identidad de género.
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Además, la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, sanciona penalmente los actos discriminatorios, incluyendo aquellos motivados por la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Asimismo, el artículo 130 de la Ley 1753 de 2015 refuerza la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+ , promoviendo su inclusión en los planes de desarrollo departamentales y municipales.
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Medidas de protección en el ámbito internacional a la comunidad LGBTIQ+
El compromiso con la protección de los derechos de esta comunidad no es exclusivo de Colombia. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reafirmado la obligación de los Estados de prevenir y sancionar cualquier forma de discriminación.
En este sentido, la Resolución AG/RES.2435 de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifiesta su preocupación por la violencia y violaciones a los derechos humanos motivadas por la orientación sexual o identidad de género.
A pesar de los avances legales y los compromisos internacionales, las personas LGBTIQ+ en Colombia continúan enfrentando actos de violencia y discriminación en distintos ámbitos de su vida cotidiana, incluyendo sus propios lugares de residencia.
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Por esta razón , la decisión de algunos conjuntos residenciales de establecer sanciones económicas busca generar un ambiente de convivencia basado en el respeto y la dignidad humana.
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Desde la jurisprudencia nacional, la Corte Constitucional ha destacado en múltiples fallos (C-098 de 1996, C-507 de 1999, T-196 de 2016, entre otros) que la orientación sexual y la identidad de género son expresiones del libre desarrollo de la personalidad, lo que implica que ninguna persona debe ser objeto de agresión o exclusión por estas razones.
Si bien las sanciones económicas pueden servir como un mecanismo de disuasión, es necesario que las comunidades promuevan el diálogo y la educación en diversidad.
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La discriminación y la violencia no se erradican únicamente con multas, sino con estrategias que fomenten el respeto y la empatía.
Programas de sensibilización, capacitaciones y políticas de cero tolerancia son algunas de las acciones complementarias que pueden contribuir a la construcción de espacios seguros para todos.
La implementación de estas sanciones en algunos conjuntos residenciale s refleja una tendencia hacia la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el ámbito privado.
No obstante, el desafío sigue siendo garantizar que esta protección se extienda a todos los espacios , en concordancia con el mandato constitucional de igualdad y no discriminación. La lucha por una sociedad inclusiva continúa, y cada acción que refuerce este principio es un paso adelante en la defensa de los derechos humanos.
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