El as bajo la manga de Gustavo Petro para mantener el salario mínimo en 2 millones

La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo en Colombia abrió un nuevo escenario político y jurídico, pero también dejó ver la estrategia del presidente Gustavo Petro para intentar que el aumento salarial se mantenga.

Así lo explicó el abogado Juan Pablo López durante una entrevista en el programa El Klub, de la emisora La Kalle, donde aclaró que la decisión judicial no significa que el salario mínimo haya sido “tumbado”.

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Este sería el movimiento clave que podría utilizar Petro para mantener el salario mínimo

De acuerdo con el análisis jurídico, el Consejo de Estado no anuló el salario mínimo fijado por el Gobierno, sino que suspendió de manera provisional el decreto expedido eL 30 de diciembre de 2025. La razón principal es que, a juicio del alto tribunal, el aumento no estuvo suficientemente motivado desde el punto de vista técnico.

Es decir, no se explicaron de forma detallada los argumentos micro y macroeconómicos que justifican un incremento superior al que proyectaban la mayoría de los economistas.

En este punto aparece la estrategia del Gobierno. Según López, el fallo no le pide al Ejecutivo que baje el salario mínimo, sino que lo motive mejor. En la práctica, esto le abre la puerta al presidente Petro para defender el mismo monto, siempre y cuando sustente su decisión con estudios técnicos sólidos.

El mandatario podría presentar un nuevo decreto, o corregir el actual, explicando por qué consideró necesario un aumento más alto, incluso por encima del rango del 10 % al 15 % que muchos expertos habían anticipado.

Uno de los puntos que ha generado debate es el uso de referencias internacionales, como algunas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Para los críticos, estas no serían necesariamente vinculantes en el caso colombiano.

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Sin embargo, desde la óptica del Gobierno, estos insumos pueden hacer parte de la argumentación que busque demostrar que el incremento responde a estándares de trabajo digno y mejora del poder adquisitivo.

La estrategia presidencial también se apoya en un mensaje de calma. Durante la entrevista se insistió en que no existe una orden judicial para reducir salarios ni para que los trabajadores devuelvan dinero ya recibido. El proceso es estrictamente jurídico y se centra en la legalidad del decreto, no en la conveniencia política de mejorar los ingresos de los ciudadanos.

Otro elemento clave es el tiempo. El Gobierno cuenta con un plazo cercano a ocho días para expedir un nuevo decreto o ajustar el existente. Ese lapso será determinante para que el Ejecutivo presente la “tesis” técnica que las altas cortes exigen. Si logra sustentar adecuadamente el aumento, el salario mínimo podría mantenerse en los niveles anunciados.

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